Además, el acaudalado inversor señaló que durante los últimos años, los políticos habían sido guiados por algunos malentendidos básicos procedentes de lo que él llamó el «fundamentalismo del mercado«, la creencia en que los mercados financieros tienden a actuar hacia el equilibrio. «Realmente tenemos una seria crisis financiera ahora», agregó.

El inversor y especulador, muy respetado en la comunidad financiera internacional, agregó que para él es una sorpresa lo poco que se asimila en Europa la idea de que una recesión en EEUU supone una amenaza también para Europa, y recuerda el batacazo bursátil que sufrieron ayer las bolsas europeas, el mayor desde el 11-S.

Soros ya pronosticó en noviembre una desaceleración económica «muy seria» en EEUU.

fuente: El Economista

artículo de Ramón Sacristán en El Confidencial

La Sala de lo Penal al completo decide hoy, 3 de Diciembre de 2007, si Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos (abreviadamente, Botín) el banquero más poderoso de España y uno de los más importantes del mundo debe, como todo mortal, sentarse en el banquillo de los acusados por el caso de las “cesiones de crédito”, el fraude fiscal más importante de la democracia como lo calificó el Sr. Saura en memorable sesión del Congreso de los Diputados. Una sesión en la que aquél hubo de recordarle a la “engañifa” de ministro, como ahora llama Conthe a su amigo Solbes, que entre el listado de defraudadores de las cesiones, el Santander de Botín tenía, entre otros ilustres impositores, al Capitán Trueno…

Hace un año escaso, el juez Bermúdez, entonces tan jaleado por la derecha, haciendo tabla rasa de institución tan venerable como la acusación popular, decidió que esta no era aplicable al banquero cántabro. Solo unos meses antes (enero de 2006) las tesis del conocido como SuperBer sobre la acusación popular habían sido tajantemente rechazadas por la misma Sala que mañana deberá decidir el futuro judicial inmediato de Botín. ¿Por qué entonces don Salvador Francisco Javier Gómez Bermúdez dio tan importante paso? ¿Un genio de la ciencia jurídica decidido a romper moldes? ¿Una versión rediviva de Justiniano? O, sencillamente, un remedo judicial de aquella anécdota de Aznar y los subsajas, según la cual “había un problema y se solucionó”.

475.000 millones de pesetas escamoteadas a Hacienda

El caso es un test, uno más, de las graves enfermedades de nuestro Estado de Derecho. Porque no es que la acusación popular haya estado siempre sola en el affaire de las cesiones de crédito (475.000 millones de pesetas del año de Nuestro Señor de 1989 escamoteados al Fisco). Inicialmente la Fiscalía y la Abogacía del Estado ejercían comprensiblemente la acusación. Es más, cuando el fiscal Florentino Ortí emprendió su marcha a destinos más lucrativos como el despacho Garrigues, les dejó una pildorita como demostración de sus conocimientos de penal, sosteniendo que no cabía el archivo de la causa al concurrir la cooperación necesaria de Botín y el Santander en la perpetración del gigantesco fraude.

Pero claro, como mandaba menos no podía saber tanto como Fungairiño, otro héroe de la derecha, a quien algunos sitúan como amigo o compañero de cole de Rodrigo Echenique. Lo cierto es que, después de que el Sr. Aznar subiera al jet privado del banquero pasiego para su presentación en sociedad en Londres, las cosas judiciales cambiaron mucho para el cántabro de mirada penetrante. Todas, menos desafortunadamente la tenacidad de la juez Palacios, a quien no gusta comulgar con ruedas de molino, por mucho que se le presenten envueltas como yemas de su santa patrona.

Y ahí que llegó SuperBer con sus súper poderes. ¿Qué hay que cargarse la acusación popular? Torres más grandes han caído. Y, como en las comedias de Lope, el que los alemanes llaman asesinato judicial (Ihering, La Lucha por el Derecho) en horas veinticuatro pasó de las musas al teatro (al teatro de la Sala de lo Penal de la AN). La acusación popular fue sacrificada a la solución del problema. Por lo que se ve Botín manda demasiado en España sin que nadie lo haya elegido y sin que nadie ose pensar siquiera en poner coto por pequeño que sea a tan inmenso poder. Porque, queridos compatriotas, las normas judiciales dejan bastante que desear. Así, en un libro reciente sobre el Juez Campeador se cuenta que fue el Banco Santander, o sea, Botín, quien financió su estancia en Nueva York cuando decidió quitarse de en medio. Dice un viejo refrán que “no es bien nacido quien no es agradecido”.

El problema en el caso de las Cesiones, algo que Superber no parece haber valorado, es que no se trataba de cambiar momentáneamente una jurisprudencia constante. En el caso Argentia Trust se hizo y no pasó nada: hoy vuelve a exigirse la concurrencia del hasta entonces esencial animus rem sibi habendi, que en Argentia se debió de ir a dar un paseo. El problema es que aquí, en el asunto de las Cesiones de Crédito, lo que van a liquidar es una institución prevista en la Constitución. Reanimarla después va a ser difícil.

Por eso ya hay gente que se malicia que, para dejar “viva” la acusación popular, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo está estudiando cualquier tipo de fórmula que le permita salvar al banquero en base a algún defecto de forma que invalide el procedimiento. Algo que se les haya pasado a los procesados, a doña Teresa Palacios, a varias secciones de la AN, e incluso a SuperBer. Ya saben: la póliza de 25 pesetas que falta en uno de los miles y miles de folios, o la firma del procurador, o el papel de huérfanos de los distintos colegios profesionales. O que ha desaparecido un escrito, etc.

Decía un profesor mío que el formalismo extremo seca el Derecho mismo. El recurso a él, además de indicar dónde está la verdad, sería un indicio, uno más, de que en España los poderosos tienen tal grado de inmunidad que al ciudadano le trae cuenta cambiar de nacionalidad. Y a los abogados cambiar de profesión… o de estómago.

Las actas pendientes de cobrar por la Agencia Tributaria no mitigan su ritmo creciente. Según los últimos datos recabados por el organismo de lucha contra el fraude del Ministerio de Hacienda, en 2006, el volumen de deuda de los contribuyentes con el Fisco que todavía no se ha conseguido cobrar, lejos de reducirse, creció un 4,4% y alcanzó un volumen total de 7.743,22 millones de euros.

Mientras, en 2005, esta cifra se situaba en 7.416,22 millones y en 2004 en 6.867,77 millones de euros.

Lejos parece haber quedado la tendencia marcada en los años 2002 y 2003, ejercicios en los que se eliminó parte de la deuda pendiente de cobro.

No se trata, ni cuantitativamente ni cualitativamente, de un asunto desdeñable. Se trata de atrasos en el cobro delicados. La propia Agencia (AEAT) ha señalado en su documentación que “en este apartado se analiza la gestión recaudatoria que realiza la AEAT de las deudas y sanciones tributarias procedentes de liquidaciones practicadas por la propia Agencia y no ingresadas voluntariamente […]”. Es decir, que se trata de actas con dificultad de cobro y que se enfrentan al reto de ser ingresadas antes de que puedan prescribir.

Fuente: Expansión

Los grandes bancos no quieren perder cuota de mercado en el lucrativo y creciente negocio de los créditos basura, pese al estallido de la crisis subprime al otro lado del Atlántico. Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), establecimiento financiero de crédito participado al 50% por Santander y BNP Paribas, se ha hecho con el 25% de Broker’s Finance (BKF), asesoría financiera especializada en reunificación de hipotecas.

“¿Ahogado por tus pagos? La hipoteca, las tarjetas, los créditos, el coche… y si tienes impagos, demandas ejecutivas, embargos, RAI, ASNEF… tenemos la solución”, es el reclamo web de este broker de Granollers. “BKF es una compañía especializada en la asesoría a clientes finales en materia de financiación, sector que está experimentando un importante crecimiento en el mercado español”, explica UCI.

“Este movimiento tiene todo el sentido. UCI no tiene red. Históricamente su penetración ha sido a través de los APIS (Agentes de la propiedad inmobiliaria) y las entidades necesitan red. Esta compra consigue clientes”, explican fuentes financieras consultadas, que insisten en que “en la reunificación de deudas va a haber un nicho de mercado fuerte, De hecho, todas las financieras [entidades financieras de crédito o EFC’s] conceden préstamos subprime. Necesitan ser más agresivas, dirigirse a inmigrantes o a casos extremos para competir”, aseguran. A esto se añade que el endurecimiento crediticio está poniendo a tiro para los bancos brokers a buen precio.

Deutsche Bank concede hasta el 120% del valor de tasación

“Cada entidad marca su propia línea subprime”, añaden las fuentes del sector consultadas. Según el consenso de los analistas, este tipo de créditos son los que tienen más riesgo de impago: se trata de créditos con un loan to value (LTV, préstamo sobre el valor) muy alto y que no verifican los ingresos de los clientes. Un ejemplo de hipoteca subprime sería un préstamo que ofrece el 107% del valor de tasación de la vivienda sin que el cliente ofrezca una justificación de sus ingresos y, por supuesto, sin asegurar. En cualquier caso, “la competencia es tan grande que es difícil que las entidades españolas estén concediendo hipotecas por debajo del 80% de LTV”, aseguran las fuentes.

Según esta definición, dada por una financiera participada por conocidas entidades españolas, nos encontramos con que DB Credit, financiera de Deutsche Bank, ofrece en su web una hipoteca sin barreras que concede hasta el 120% del valor de tasación, sin aval, con contrato fijo o temporal, con ingresos desde 600 euros al mes y un plazo de hasta 45 años.

Los plazos de las hipotecas del portugués Banco Primus alcanzan los 62 años; GE Money Bank, de General Electric, anima a comprar una nueva casa sin haber vendido la anterior en un entorno de parón en las ventas. Santander Consumer Finance ofrece su préstamo Crediágil de 6.000 euros “en 24 horas desde su aprobación” y “con los mínimos trámites”. No especifica cuál es el tipo de interés. “La parte fundamental de Santander Consumer Finance es la financiación de coches. También financiamos electrodomésticos. La actividad hipotecaria es residual: supone el 9%”, aseguran desde la entidad.

Fuente: El Confidencial 

Desde que en mayo se aprobó la Ley de Suelo, los representantes locales están obligados a hacer una declaración pública de su patrimonio. Esta medida, encaminada a controlar el enriquecimiento anómalo de los representantes públicos no es suficiente a ojos de los inspectores de Hacienda. Según indicó el viernes José María Peláez, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, hay que ir más allá de esta mera declaración de bienes.

Para ello, plantea la inclusión en un plan de inspección de alcaldes y concejales de urbanismo de los municipios con una población de más de 50.000 habitantes. La medida se incluye en un documento sobre fraude y corrupción presentado en la clausura del XVII Congreso anual de la organización. De salir adelante su propuesta para investigar a los alcaldes, unos 141 municipios se verían afectados, pero también a aquellos que siendo más pequeños, hayan adoptado importantes medidas urbanísticas. Según la organización de inspectores, la inclusión en el plan de estos representantes públicos se realizaría tras su mandato. En ese momento, la inspección buscaría posibles alteraciones en la composición de su patrimonio, así como su participación en sociedades de todo tipo.

Al menos de momento, la posición de la cúpula de la Agencia Tributaria es contraria a este tipo de iniciativas y centra su actuación en sectores de actividad y no en colectivos concretos. No obstante, fuentes de la Agencia reconocen que, como ya ocurriera con la Operación Malaya, al hilo de operaciones en curso se pueda plantear la oportunidad de inspeccionar a determinados representantes públicos.

Al calor de todo tipo de escándalos urbanísticos y tramas organizadas para el cobro de comisiones, el sector inmobiliario ya está absorbiendo gran parte de los esfuerzos de la Agencia Tributaria. Sin embargo, éste no es el único centro de atención de los inspectores.

Las Sicav (instituciones de inversión colectiva que se benefician de un tipo reducido del 1% en el impuesto de sociedades frente al 32,5% actual) siguen estando mal vistas por este colectivo de profesionales. Y eso que, como ellos mismos reconocen, ‘ninguno de los planes que ha iniciado la Administración respecto de estas entidades ha podido culminarse’. Aunque no abiertamente, Peláez admite que han podido influir ‘ciertas presiones’ y, en todo caso, afirma que si en lugar de tratarse de Sicav fueran empresas de otro sector, lo habitual habría sido ampliar el segundo plan de inspección que se inició en 2004, en lugar de su cierre. En la actualidad, según aclaró Peláez, las Sicav no están incluidas en ningún plan inspector.

La fiscalización se realizaría tras su mandato como representantes públicos

Los despachos e instituciones que comercializan productos diseñados con técnicas de ingeniería fiscal, así como los bancos con sucursales en paraísos fiscales tampoco gozan de la confianza de los inspectores. De hecho, para los primeros proponen su responsabilidad solidaria con sus clientes en caso de fraude.

Las tramas del IVA son otros de los fraudes habituales. Para ello, en línea con la iniciativa ya en marcha los inspectores instan a la Administración española a que lidere el diseño y la creación de una base de datos de intercambio de información.
Otras medidas antifraude

•Prohibir a las entidades bancarias tener sucursales en los paraísos fiscales.

•Plan específico para vigilar a artistas y deportistas que trasladen su residencia a paraísos fiscales. Se les impediría que representaran a España.

•Restringir el acceso al sistema de módulos en el IRPF a sólo los empresarios que facturen a un consumidor final.

•Responsabilidad solidaria de los despachos que ofrezcan productos de ingeniería fiscal.

•Creación de una oficina nacional antifraude.

•Configuración de una policía fiscal que se encargue de aspectos específicos.

•Destinar a un grupo de inspectores ‘de incógnito’ descubrir a quienes prestan servicios sin factura.

•Potenciar un sistema de denuncias de los particulares.

•Plan de comprobación e inspección de todas las Sicav.

No son los impuestos, sino el gasto social, lo que redistribuye la renta. De hecho, nuestro sistema fiscal no es progresivo. De ahí que sea incomprensible la oposición de sectores de izquierda al tipo único del IRPF

En los últimos 30 años se ha producido una notable redistribución de la renta en España, medida por múltiples indicadores económicos. Sin duda, ésta ha sido una de las numerosas contribuciones de la democracia a nuestro país. Muchos pensarán que esta mejor distribución de la renta se debe al desarrollo de nuestro sistema fiscal, con las sucesivas reformas introducidas desde 1978. Nada más lejos de la realidad. Nuestro sistema fiscal no es progresivo, es decir, no es cierto que paguen una mayor proporción de su renta los que más ganan. De hecho, es proporcional o ligeramente regresivo. La proporcionalidad significa que se paga la misma proporción de la renta, independientemente de lo que gana cada uno. Este fenómeno, común a otros países, se debe a que los impuestos indirectos son regresivos y a que las cotizaciones sociales son básicamente proporcionales, y no se ve compensado por los impuestos directos, que teóricamente deberían ser los progresivos. El tema se agrava porque estos últimos, presentan, además, fuertes distorsiones que hacen que sean ex post menos progresivos de lo que fueron diseñados ex ante.

Vemos el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es llamativo lo poco conocidos que son los datos del IRPF, el impuesto directo por excelencia, que en teoría recoge todas las rentas percibidas (no sólo las salariales) y que se supone es el paradigma de la progresividad y al que se le asigna el papel de gran herramienta fiscal para la redistribución de la renta. La última decila de dicho impuesto (es decir, el 10 por ciento que declara recibir la renta más alta) y que cualquier persona sensata consideraría los «ricos» de una sociedad, está definida a partir de una renta de 39.000 euros anuales brutos. Es decir, que, según el IRPF, el que gane más de 3.250 euros brutos al mes puede considerarse «un rico de pleno derecho», porque sólo el 10 por ciento de nuestro país declara recibir una renta igual o superior a ésa.

Y el último percentil (es decir, el 1 por ciento que declara la renta más alta) está definido a partir de una renta de 99.000 euros anuales brutos, es decir, 8.250 euros brutos al mes. Si alguno de los lectores de este artículo gana esa cantidad o una superior puede estar de enhorabuena. Pertenece usted al club de los «riquísimos», el 1 por ciento «más rico del país».

En España hay 100.000 personas que declaran situarse en ese percentil de la renta. Conozco a muchas personas en ese tramo de renta y les puedo asegurar que ninguno de ellos tiene un yate ni un chalé de lujo. En cambio, sabemos también que hay miles de ellos -de yates y chalés de lujo, quiero decir- por toda la costa española cuyos propietarios, lamentablemente, no declaran estar en ese tramo del IRPF.

El problema, por tanto, es que, la parte alta de la distribución de nuestro IRPF está casi vacía. Sólo los asalariados (trabajadores por cuenta ajena), en general, pertenecientes a la clase media y media-alta y que están sujetos al control de la Hacienda Pública, figuran en ese registro. No obstante, siempre que se ha propuesto rebajar el tipo máximo del IRPF, pongamos al 30 por ciento, acompañado de una importante subida del mínimo exento que garantice la progresividad de la reforma, muchos políticos de todos los partidos han declarado con estruendo que eso supondría «bajar los impuestos a los ricos». Nada más lejos de la realidad. El tramo alto del IRPF lo paga la clase media asalariada.

Además de este vacío en la parte alta de la distribución de los declarantes de IRPF, este impuesto se caracteriza por unas deducciones fiscales que lo hacen menos progresivo. Entre ellas destacan dos. La primera, la de compra de vivienda, que beneficia fundamentalmente a los dos tramos más altos de la renta, y la segunda, la aportación a los planes de pensiones, que beneficia al tramo más alto. Un amigo mío, que está en el percentil «de los riquísimos», siempre comenta jocoso que, una llamada telefónica a su banco en diciembre para transferir 8.000 euros de su fondo de inversión a su fondo de pensiones, le reporta un ingreso inmediato de casi 4.000 euros, a costa del contribuyente medio español. Algo no muy progresivo para tratarse del buque insignia de los impuestos redistribuidores. Las deducciones, además de regresividad, introducen mayor complejidad en el sistema, lo que resulta en más costes de inspección y, por tanto, en más evasión y más inequidad tanto horizontal como vertical.

Finalmente, aunque se ha avanzado en los últimos años, nuestro IRPF sigue desprotegido frente a la inflación, que termina convirtiéndose en el impuesto más distorsionador y regresivo. Se estima que cada punto de inflación supone 400 millones de euros de recaudación extra de IRPF.

Así que permítanme que adelante que, en realidad, es el gasto público y no los impuestos lo que verdaderamente redistribuye la renta. Porque ¿cómo es posible que, con este panorama fiscal, haya mejorado la redistribución de la renta en España en las últimas décadas democráticas? Gracias, sin duda, al gasto público, y fundamentalmente a la construcción del Estado de bienestar en los años ochenta, algo que debe ser reconocido como mérito del Partido Socialista y su líder de entonces, Felipe González.

Los derechos universales (sanidad, educación) mejoran tanto la igualdad de oportunidades como la movilidad social, sin perjuicio para la eficiencia económica y el crecimiento. Las pensiones y el subsidio de desempleo mejoran la equidad. Y, asimismo, las ayudas a la vivienda, siempre que cumplan una serie de condiciones.

En España la cuantía de las prestaciones sociales en las últimas décadas ha sido prácticamente constante en todas las decilas. De este modo, el porcentaje relativo de gasto ha sido muy elevado en las primeras decilas (en torno al 112 por ciento de su renta disponible) y bajo en las últimas (en torno al 10 por ciento). Por tanto, las prestaciones sociales, en su conjunto, han sido claramente redistributivas. También lo han sido las pensiones, el subsidio de desempleo, el gasto sanitario y la educación, aunque ésta en menor medida, por el peso de la educación universitaria.

Las ayudas directas son, de hecho, mucho más redistributivas que los impuestos. El cheque-bebé de 2.500 euros impulsado por el presidente del Gobierno estaría en esta categoría. Es progresivo porque 2.500 euros para una familia millonaria apenas supone nada, pero sí es mucho para una familia que gane 2.000 euros al mes.

¿Qué papel deben jugar entonces los impuestos? Los impuestos deben garantizar la suficiencia recaudatoria y la equidad horizontal y vertical. Deben garantizar la eficiencia económica, que nuestro país siga creciendo y compitiendo en un mundo cada vez más globalizado. Y deben ser progresivos, es decir, que proporcionalmente pague más el que más tenga.

Pero la vieja pretensión de la izquierda de unos impuestos cuyo fin primordial sea la redistribución está condenada al fracaso. Suelen terminar en enormes complejidades -¿recuerdan los especialistas la «fórmula polinómica» de los años ochenta?- en regresividad, en vacíos legales, en evasión y en fraude.

Un sistema justo y eficiente se puede conseguir con un sistema fiscal más sencillo. Muchos países del Este europeo han adoptado el tipo único con la esperanza de mejorar la recaudación, el crecimiento económico y la equidad, garantizada ésta sólo si se dota el sistema de un amplio mínimo exento. El último país europeo en incorporar el tipo único será Polonia, cuyo vencedor en las recientes elecciones ha basado su campaña en dos promesas: la retirada de las tropas de Irak y el tipo único.

Miguel Sebastián es profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

Uno de los vecinos se enteró casualmente del evento y se personó en el mismo. Comunicó al Consejero, ante la estupefacción de los presentes, que el servicio de internet, por red local, instalado en la localidad, no funciona con regularidad. El Alcalde -señor Hijosa, pequeño cacique- no quería que se planteasen cuestiones al consejero pero este quiso escuchar.

Este servicio fue instalado en una campaña anterior con dinero público, y es proporcionado por la empresa Acorde. Su calidad es -por calificarlo benignamente-, deficiente. El servicio tiene una serie de usuarios que ya han pagado a la empresa por un periodo determinado con dinero procedente de una subvención del Gobierno regional. El vecino anunció que trasladaría una reclamación a la junta arbitral de consumo, y se le sugirió que desistiese: la Junta Vecinal enviará escrito al Ayuntamiento y este… La previsible mediación y pastoreo de los ciudadanos.

Una funcionaria de la consejería preguntó al vecino por qué no contrataba el servicio de datos de telefonía rural de Telefónica -con el que van a dar servicio al centro de comunicaciones que se inaugura, según parece-, y claro está inventó la pólvora. Hasta ahora Telefónica -monopolio- no nos ha ofrecido este servicio ni nos instala ADSL, y por supuesto cualquier otra compañía tampoco puede hacerlo.

Si así fuera, sobrarían todos estos montajes políticos. Si necesitamos del Estado -Gobierno regional- es para que nos dote de las infraestructuras que Telefónica no nos da. Y una vez instalada la infraestructura de comunicaciones, se la dé en explotación, y a precios razonables a un operador eficiente, que los hay. A ver si se enteran, primero políticos y funcionarios. Así algunos no tendríamos que pagar «enormidades» a Movistar o Vodafone para poder disponer de internet.

Lo cierto es que, despues de la comida, un empleado de Acorde ha llamado al vecino en cuestión para comunicarle que le van a cortar la línea de datos, ya que él es el responsable de que no funcione, vamos.. responsable de todos los males: del churro de instalación que tenemos fruto de anteriores campañas y sesiones fotográficas, del desinterés de los políticos por los asuntos despues de las inauguraciones, y de como se están llevando las subvenciones públicas empresas aplicadas a la ubre de la vaca regional.

Una nefasta manera de arreglar el asunto: llamada de la consejería a la empresa, la empresa toma medidas: penaliza al ciudadano / consumidor, y le quita el servicio.

¡Incompetentes y vividores!

Fuente: malvasíaBlog

Esta deducción ha permitido que “todos los pelotazos que se han dado en España desde 2003, que han sido muchísimos en el sector inmobiliario y en el mundo empresarial, hayan tenido una tributación muy ventajosa del 15%”, frente al 35% del tipo normal del Impuesto de Sociedades, según un experto en fiscalidad. Todo el mundo se ha aprovechado de esta ventaja: empresas grandes y pequeñas, bancos, aseguradoras y patrimonios medios y altos, que creaban sociedades ad hoc para ello.

Lo cierto es que esta rebaja de 20 puntos (que puede interpretarse como un regalo del 20%) era muy fácil de obtener inicialmente, puesto que valía con reinvertir las plusvalías generadas a más de un año en casi cualquier activo. Posteriormente, empezó a restringirse el universo de las inversiones inmobiliarias -las fuentes consultadas aseguran que buena parte del boom se explica por esta reinversión de plusvalías-, y se estableció que tenían que ser inmuebles afectos a la actividad de la sociedad.

Pero valían las inversiones financieras si se superaba el 5% del capital, entre ellas las sicavs, con lo que todo el mundo se pasó a este vehículo; bastaba concrear una. Sin embargo, cuando el PSOE llegó al poder lanzó una ofensiva de la Inspección contra estos productos, que también se cayeron de la lista de activos aptos para esta deducción en enero de 2005.

Por ello, los bancos de negocios y privados empezaron a crear vehículos pensados ex profeso para la reinversión de plusvalías -de hecho, utilizaban esa rentabilidad fiscal del 20% como reclamo comercial-, y además apareció como gran panacea las sociedades de capital riesgo: “Todos los grandes patrimonios españoles crearon la suya para reinvertir plusvalías, incluso endeudándose,”, explica un gestor de patrimonios. Además, estas sociedades tienen tres años para invertir el dinero, según la Ley Reguladora de este sector.

Mirar las tripas de las inversiones

La ofensiva actual pone en cuestión todas las deducciones por reinversión aplicadas en los últimos años y pretende mirar lo que hay dentro (look through) de los vehículos en que se ha metido ese dinero, para ver si son activos aptos. Por ejemplo, si las sicavs (en la fecha en que valían) realmente compraron participaciones superiores al 5% en empresas, o si las sociedades de capital riesgo tienen invertido más del 50% de su patrimonio, aunque no se hayan cumplido los tres años.

Según fuentes jurídicas, “se trata de un atentado contra la seguridad jurídica, puesto que la gente se limitó a aprovechar una posibilidad de la ley, y ahora el Gobierno cambia de criterio”. Con el añadido de que no afecta a las deducciones aplicadas a partir de ese cambio de opinión, sino que se aplica de forma retroactiva a todas las anteriores. Un portavoz de la Agencia Tributaria asegura que “se están investigando estas deducciones por el riesgo probable de utilización fraudulenta o delictiva, no para perseguir el concepto en sí”.

Otras fuentes financieras afirman que “lo que ha mosqueado a Hacienda son las estructuras complejas que limitan el riesgo de esas inversiones, como la utilizada por Manuel Jove para entrar en BBVA, ya que más que tomas de participación, se trata de productos financieros”.

El objetivo de Hacienda es que estas plusvalías tributen al 35% en vez de al 15%, claro está. Para ello, el primer paso de la Inspección es retrasar la aplicación de la deducción: “Pague usted el 35% de momento y los próximos años haga una declaración complementaria pidiendo la deducción, y ya veremos”, es el argumento de Hacienda según el experto en fiscalidad citado. Con el agravante de que, al bajar el tipo de Sociedades al 30% y al subir la tributación de las plusvalías al 18%, el beneficio fiscal se reduce del 20% al 12%.

Situación rocambolesca

Esta ofensiva ha puesto a temblar a las empresas y altos patrimonios, puesto que están en juego miles de millones de euros. “Es un plan de recaudación brutal”, según las fuentes consultadas. Y tiene dos derivadas casi rocambolescas. Por el lado de las empresas grandes, tienen que enfrentarse por este tema a la misma Administración Tributaria que les pide que depositen en ella toda su confianza para salvarse de otro varapalo fiscal: el expediente de Bruselas que considera la deducción del fondo de comercio financiero como ayuda de Estado.

Por el lado del capital riesgo, nos encontramos ante un nuevo choque frontal entre los criterios de la Inspección y una ley que afecta a productos de inversión. Es decir, entre Hacienda y la CNMV. En el anterior pulso a cuenta de las sicavs, venció el supervisor gracias a la firmeza de Manuel Conthe. Ahora, con Julio Segura al frente, las cosas están mucho menos claras.

Fuente: El Confidencial

Varias fuentes jurídicas han confirmado que, si finalmente Bruselas considera ayuda de Estado esta deducción (como propone el expediente con argumentos muy contundentes), Economía intentará “proteger las deducciones ya aplicadas –es decir, que la medida no sea retroactiva- y negociar su desmantelamiento progresivo: que los que ya han aplicado la deducción puedan seguir haciéndolo pero que nadie más pueda subirse al carro”, explica una de estas fuentes.

Otra fuente lo expone aún más gráficamente: “Se trata de que no afecte a los que ya compraron y que puedan seguir aplicando la deducción en el futuro, y que los que vengan paguen el pato”.

En todo caso, la prioridad del ministerio que dirige Pedro Solbes es que no se considere ayuda de Estado en ningún caso, de forma que se pueda salvar la deducción aplicada hasta ahora y en el futuro. Fuentes del ministerio aseguran que “es muy pronto para hablar de lo que se puede ceder en una negociación, porque el objetivo es que no se considere ayuda de Estado”.

Para ello, en la famosa reunión de Economía con las empresas afectadas del 19 de octubre, los representantes del ministerio animaron a las compañías a aportar toda la información posible y todos los argumentos a su alcance para lograr la mejor defensa posible, según fuentes que estuvieron presentes en dicho encuentro. La idea es que “todos estamos en el mismo barco” y que a quien más caso van a hacer en Bruselas es al Estado, por lo que las empresas deben aportar sus ideas a la defensa gubernamental.

Las empresas buscan su propia defensa

Sin embargo, muchas empresas no las tienen todas consigo y están contratando despachos de abogados para personarse en la causa. En el sector hay grandes temores a que la pérdida de peso de España en la UE haga vanos los esfuerzos del Gobierno y a que éste no sea todo lo activo que debería en esta defensa, ya que se trata de una deducción creada por el PP. De hecho, un editorial de El País del 15 de octubre apuntaba claramente en esta dirección, lo que sembró el pánico en las grandes compañías.

Algunas de las fuentes consultadas aseguran que son los grandes bufetes con presencia en Bruselas los que se están ofreciendo a las empresas para que se personen en el expediente, ante la jugosa minuta que esto les puede proporcionar. Sin embargo, uno de estos despachos asegura que no se trata de una iniciativa de los abogados, sino que son las empresas las que les están consultando sobre la mejor estrategia para defender sus intereses.

En todo caso, esta fuente cree que es necesario que las empresas afectadas se personen: “Lo normal sería que lo hicieran todas; en otros países ni se lo plantearían, pero aquí es más difícil porque las empresas no ven muy claro qué beneficios les reporta personarse”. A su juicio, numerosas empresas de otros países van a hacerlo para tratar de que la deducción se considere ayuda de Estado, por lo que no sería lógico que las españolas se quedaran al margen.

El denominado ‘fondo de comercio financiero’ consiste en la deducción, a lo largo de 20 años (a razón del 5% anual), de la diferencia entre el precio pagado por una empresa y su valor contable, pero sólo en caso de adquisiciones en el extranjero. Dado que se aprobó en 2002, sólo se ha podido aplicar como mucho en cinco de esos 20 años. Esta ventaja fiscal explica en buena medida la vorágine de adquisiciones de las grandes empresas españolas en el exterior –las empresas españolas pueden pagar un precio más alto gracias a este regalo- y, lógicamente, ha levantado ampollas en los países afectados por este asalto.

Fuente: El Confidencial