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Por Marc Gavaldà

Fotos: Colectivo Alerta Amazónica

Publicado en La Directa.- julio 10, 2023

Crónica de la jornada de homenaje a las víctimas de la revuelta contra el gobierno de Dina Boluarte en el Perú. El acto es una previa de la movilización masiva que tendrá lugar el 19 de julio bajo el nombre «Tercera Toma de Lima»

Juliaca es una población comercial de 260.000 quechuas y aymaras situada en el altiplano peruano. El pasado 9 de enero, después de una tregua navideña, se reactivaron las movilizaciones tras la destitución del presidente Pedro Castillo y contra el gobierno que consideran ilegítimo de Dina Boluarte, la cual, con el apoyo de las élites y partidos de la oligarquía usurpaba el poder e iniciaba una espiral represiva sin precedentes. Aquel día, en Juliaca, las protestas que rodeaban el aeropuerto Manco Kapac, fueron reprimidas por una actuación policial y militar indiscriminada, con armamento de fuego real, que provocó la muerte de diecisiete personas y centenares de heridos. Seis meses después, los familiares organizan una vigília por los mártires y se manifiestan con cajas mortuorias por la ciudad.

A cincuenta kilómetros de Juliaca, se encuentra  Puno, la capital aymara del Perú.  Situada sobre la costa del lago Titicaca, después de la masacre, la ciudad lideró una paro de actividades inédito que duró más de tres meses. Las comunidades campesinas se organizaron en turnos por edades y por género para  para mantener cortes de carreteras y el bloqueo  comercial. Más allá de la masacre a sus hermanos de Juliaca, se combatía el racismo del gobierno que llegó a manifestar que “Puno no es Perú” y su desprecio hacia la wiphala, símbolo andino del Qollasuyu.

Si bien hoy no se perciben muchos rastros de la movilización del 9 enero, se respira un ambiente de calma tensa apuntando a la nueva movilización nacional, convocada por el 19 de julio bajo el lema de la “Tercera Toma de Lima”. Las diferentes comunidades, en asambleas extraordinarias deciden estos días sumarse a la protesta.

En esta ciudad conocemos a Max Nina, un joven periodista amateur que se desplazó aquel triste 9 de enero hasta Juliaca. Sus fotos de la masacre, disparadas en medio del fuego cruzado, dieron la vuelta en el mundo. Contrariamente a la versión oficial que criminalizaba los manifestantes, se veían los cuerpos de chicos y chicas agonizantes, transportados en moto hacia plazas y gasolineras de la ciudad, convertidas transitoriamente en centros médicos de campaña, donde algunos acabaron muriendo desangrados ante la impotencia de la población. Muchos sufrieron el impacto de perdigones en sus espaldas y balas perdidas, aunque no estuvieran en las protestas.  Max Nina  asegura que temió por su vida, sintiendo silbar los proyectiles muy cerca de piel e incluso fue impactado por un perdigón en su brazo. Cuando pudo, fue subiendo fotos en las redes sociales y estas corrieron como la espuma verificando que se estaba perpetrando una masacre contra un pueblo armado unicamente con piedras, bastones y proclamas de justicia.

Transcurrido medio año de la masacre de Juliaca, la Asociación de Familiares de las Víctimas del 9 de Enero, ha convocado una misa y vigilia en la pequeña parroquia Pueblo de Dios, en las proximidades del aeropuerto de Juliaca . Despacio, la iglesia se va llenando de familiares,  vestidos de luto con flores blancas. Concurren con retratos de las personas fallecidas y una reproducción en cartón de los ataúdes con el nombre, edad, profesión de las víctimas.  La iglesia se llena a rápidamente y empieza un acto litúrgico donde se intercalan emocionantes participaciones de familiares con las de amigos. Se pide reparación para las familias afectadas que han perdido un ser querido y sanación para las personas que se recuperen de las heridas – todavía hoy algunas  alojan proyectiles dentro de su cuerpo. Reclaman justicia y también paz en un contexto que consideran una dictadura, ya que en la presidencia del país hay una persona que nadie a elegido democrácticamente. En carteles y mensajes piden al «Señor” que la sangre derramada no sea olvidada.

Raúl es hermano de Marco Antonio Samillán, médico ejecutado durante las protestas mientras atendía a heridos de bala en las calles de Juliaca. Preside la Asociación de Familiares de Víctimas del 9 de Enero. Con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, pide seguir adelante el proceso judicial, que sostienen con grandes dificultades ya que la Fiscalía ha trasladado los expedientes a Lima, a 1.200 kilómetros de Juliaca. Esto supone grandes dificultades materiales para seguir la causa penal.

La misa termina con gritos de justicia. Los familiares levantan los ataúdes y se alinean, saliendo en procesión, acompañados de bombos y sikuris –que hacen sonar el siku, instrumento de viento andino–. Transitando por las concurridas  calles comerciales de juliaquenes llegan hasta la Plaza de Armas, donde se instala una vigilia. Las velas iluminan los retratos de quienes ya no están. Se escuchan testimonios de dolor y rabia.

Mientras en la capital, el poder Dina Boluarte se parapeta con la llegada de  nuevas dotaciones de armamento y un destacamento de 1.200 soldados del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, todo apunta que el próximo 19 de julio, el pueblo peruano hará el posible para exigir la destitución de la presidenta ilegítima, el cierre del Congreso, y el inicio de un proceso constituyente  con nuevas elecciones, en el marco de la Tercera Toma de Lima.

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